Detienen a Valentina Castro Berríos por robo de camiones
oct, 1 2025
En la madrugada del 20 de agosto de 2025, la Valentina Castro Berríos, de 27 años, fue detenida en San Bernardo dentro del marco de la Operación EmprendedoresSan Bernardo, una investigación liderada por la Brigada de Investigación Criminal (BIROINCRI) del Carabineros de Chile. La detención forma parte de un operativo que, según la Fiscalía, desmanteló una asociación criminal especializada en el robo y comercialización ilegal de camiones y maquinaria pesada.
Contexto de la Operación Emprendedores
La Operación Emprendedores se gestó a finales de julio, cuando la Unidad de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) detectó una red que operaba entre Arica y Puerto Montt. Los investigadores identificaron a grupos vinculados a la falsificación de documentos y al lavado de activos, con la finalidad de legitimar la venta de vehículos robados. El Ejército de la Ley coordinó la acción junto al Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Municipalidad de San Bernardo, lo que permitió ejecutar 41 allanamientos en un periodo de 72 horas.
Según el informe preliminar, la red contaba con alrededor de 30 integrantes, entre los que se encontraban familiares directos de algunos sospechosos. El lector recordará casos similares, como la desarticulación de la banda de los "Camiones del Sur" en 2020, pero la magnitud y la dispersión geográfica de esta nueva asociación criminal superan a los antecedentes.
Desarrollo de los hechos y detenciones
El martes 20 de agosto, equipos de la BIROINCRI irrumpieron en la residencia de Valencia Castro Berríos en la calle La Cañada, donde hallaron varios camiones de carga y una excavadora marca Caterpillar con número de serie alterado. Durante el registro, los peritos incautaron también documentos falsificados y una computadora con registros de transferencias bancarias sospechosas.
En total, la operación culminó con la captura de 24 hombres y 3 mujeres, entre ellos el padre, la madre y el hermano de Castro Berríos. Todos los detenidos fueron llevados al Cuartel General de San Bernardo, donde se les realizó la prueba de hidratación y el registro de sus pertenencias. La Fiscalía, que lidera el caso, informó que los imputados fueron formalizados el 21 de agosto en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.
Las autoridades describen la organización como una cadena logística que incluye la sustracción de camiones, la falsificación de certificados de homologación y la venta a concesionarios de segunda mano que desconocen el origen ilícito del bien. En el proceso, se emplearon empresas fantasma registradas en la zona de Valparaíso para lavar los recursos.
Reacciones de los implicados
El exfutbolista Jean Paul Pineda, pareja de la detenida, concedió una breve entrevista al programa matutino "Contigo en la Mañana" de Chilevisión. "Agradezco que me hayan contactado, por el momento no me voy a referir. Estoy en shock con el tema, porque llevo poco tiempo con ella", declaró Pineda, subrayando que su relación era reciente y que desconocía por completo la actividad delictiva de su compañera.
El Ministerio Público, por su parte, señaló que la evidencia recopilada es "abrumadora" y que los cargos incluyen asociación ilícita, robo, extorsión, delitos tributarios, lavado de activos y falsificación de documentos públicos. La fiscalía añadió que la participación familiar de la joven no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de reclutamiento basada en la confianza de los lazos sanguíneos.
Por otro lado, la comunidad de San Bernardo mostró preocupación. En una reunión vecinal convocada el miércoles, los vecinos expresaron su temor ante la posibilidad de que otras bandas se aprovechen del vacío que deja la desarticulación de esta red. El alcalde de la comuna, María del Pilar González, aseguró que se reforzarán los operativos de control en la zona industrial para evitar que se repitan hechos similares.
Impacto y análisis del caso
Expertos en criminología subrayan que el caso evidencia la sofisticación creciente de las mafias del robo de vehículos pesados en Chile. El profesor Alejandro Riquelme, de la Universidad de Chile, comentó que "la combinación de recursos tecnológicos, como el rastreo de matrículas falsificadas, y la estructura familiar de la organización, la hacen particularmente resistente a los operativos tradicionales". Según sus cálculos, la red movía alrededor de 150 millones de pesos al año mediante la venta de camiones sustraídos.
En el plano económico, el Servicio de Impuestos Internos estima que la evasión tributaria asociada a estas operaciones podría haber representado una pérdida de 12,8 millones de UF en los últimos dos años. Además, la aparición de documentos falsificados pone en riesgo la confianza del sector logístico, que depende de la certeza documental para la importación y exportación de mercancías.
Desde la perspectiva legal, la decisión de formalizar a los miembros de la familia de la acusada abre un precedente importante sobre la responsabilidad penal por complicidad indirecta. La Corte Suprema de Chile ha señalado en sentencias anteriores que "el vínculo familiar no exime de la obligación de denunciar actividades ilícitas cuando se tiene conocimiento de ellas".
Próximos pasos judiciales
El proceso judicial avanzará con una audiencia preliminar prevista para el 30 de agosto, donde el juez determinará la medida cautelar a aplicar a los 27 imputados. La Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva para los principales cabecillas, mientras que los investigadores continúan analizando los registros financieros incautados.
Se anticipa que el caso provocará una revisión de los protocolos de control de vehículos de gran tonelaje en la Dirección Nacional de Seguridad Vial. Además, el Ministerio del Interior ha anunciado la puesta en marcha de una campaña educativa dirigida a propietarios de flotas, con el objetivo de identificar señales de alerta de robo o falsificación de documentación.
En definitiva, la Operación Emprendedores no solo desmanteló una red criminal, sino que también encendió un debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y sanción en el sector del transporte de carga.
Datos clave del caso
- Fecha de detención: 20 agosto 2025.
- Lugar: Departamento de San Bernardo.
- Acusados: 27 personas, incluyendo padres y hermano de la detenida.
- Cargos: asociación ilícita, robo de camiones, extorsión, lavado de activos y falsificación de documentos.
- Organizaciones involucradas: BIROINCRI, SII, Municipalidad de San Bernardo.
Preguntas frecuentes
¿Cómo afecta este operativo a los transportistas de carga?
El cierre de la red implica una reducción temporal en la disponibilidad de camiones robados en el mercado informal, lo que obligará a los transportistas a adquirir vehículos a través de canales oficiales. En el corto plazo, algunos costos podrían incrementarse mientras se ajustan los procesos de verificación documental.
¿Qué papel jugó la familia de Valentina Castro Berríos en la organización?
Según la Fiscalía, el padre, la madre y el hermano colaboraron en la logística de compra y ocultamiento de los vehículos. Las investigaciones indican que se encargaron de gestionar los pagos a través de cuentas bancarias de terceros y de suministrar documentos falsificados.
¿Cuál es el vínculo de Jean Paul Pineda con el caso?
Pineda es la pareja actual de Valentina Castro Berríos, aunque él declaró estar "en shock" y afirmó que su relación es reciente. No se le ha imputado ningún delito, pero su nombre ha aparecido en los medios por la cercanía personal con la detenida.
¿Qué medidas tomará el gobierno para prevenir futuros robos de maquinaria pesada?
El Ministerio del Interior anunció una campaña de sensibilización dirigida a dueños de flotas y la revisión de los protocolos de inspección en la Dirección Nacional de Seguridad Vial. Además, se plantea la creación de una base de datos única para el seguimiento de la titularidad de camiones y equipos de construcción.
¿Qué sigue en el proceso judicial contra los implicados?
La audiencia preliminar está programada para el 30 de agosto en el Juzgado de Garantía de San Bernardo. Se decidirá si se mantiene la prisión preventiva y se fijarán los plazos para la fase de investigación formal y el eventual juicio oral.
lucia Amunategui
octubre 1, 2025 AT 21:43La Operación Emprendedores muestra una coordinación impresionante; los cuerpos de seguridad lograron desmantelar una red que involucraba a al menos 30 individuos, incluidos familiares directos de la acusada;
es importante destacar que la falsificación de certificados y la manipulación de documentos de homologación son prácticas que requieren no solo recursos económicos sino también conocimientos técnicos avanzados;
la colaboración entre la BIROINCRI, el SII y la municipalidad de San Bernardo evidencia que la intersección entre organismos policiales y administrativos puede generar resultados contundentes;
además, la participación de la Policía de Investigaciones en la fase de inteligencia permitió identificar los patrones de movimiento de los camiones robados a lo largo del país;
el hecho de que se hayan incautado una excavadora Caterpillar con número de serie alterado subraya la sofisticación del delito, pues la alteración de series es una técnica utilizada por organizaciones con alto nivel de especialización;
según el profesor Alejandro Riquelme, la combinación de recursos tecnológicos y estructuras familiares confiere a estas mafias una resistencia notable frente a los operativos tradicionales;
esto implica que las futuras investigaciones deberán enfocarse no solo en la captura de los individuos, sino también en la interrupción de los canales de lavado de activos y la desarticulación de las empresas fantasma que facilitan el negocio;
por otro lado, la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para los cabecillos de la red, lo cual es una medida necesaria para evitar la fuga y la posible destrucción de pruebas;
la audiencia preliminar del 30 de agosto será clave para determinar si se mantienen esas medidas y para establecer el calendario de la fase de investigación formal;
en paralelo, el Ministerio del Interior ha anunciado una campaña educativa dirigida a propietarios de flotas, lo cual es una iniciativa que, aunque tardía, puede ayudar a prevenir futuros delitos al concientizar sobre la importancia de la verificación documental;
la comunidad de San Bernardo ha expresado su preocupación, y es fundamental que el gobierno refuerce los operativos de control en zonas industriales para garantizar la seguridad y la confianza de los transportistas;
la pérdida estimada de 12,8 millones de UF por evasión tributaria evidencia el impacto económico que este tipo de actividades ilícitas tiene en el país;
no debemos olvidar que la responsabilidad penal por complicidad indirecta se extiende a miembros de la familia que, aunque no estén directamente involucrados en el robo, facilitan la logística del delito;
este caso sentará un precedente importante en la jurisprudencia chilena al reforzar la idea de que el vínculo familiar no exime de denunciar actividades ilícitas;
en conclusión, la operación ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer los protocolos de control de vehículos de gran tonelaje y de mejorar la cooperación entre distintas instituciones para combatir eficazmente estas redes criminales.