Elon Musk y su apoyo a Donald Trump: efectos colaterales que sacuden a Tesla y la política

¿Te imaginas que el fundador de Tesla pueda influir tanto en la política como en la decisión de compra de un coche? Ese es el escenario que se ha creado tras la enorme inversión de Elon Musk en la campaña presidencial de Donald Trump en 2024. Con 277 millones de dólares, Musk no solo se convirtió en el mayor donante individual de esa contienda; también encendió una serie de ondas que tocan la ética pública, la estrategia de negocio de Tesla y la confianza de los consumidores.

Una campaña de financiación sin precedentes

Todo empezó con la creación del super PAC America PAC, que destinó al menos 6,6 millones a la campaña de Trump. Musk había insinuado que sus donaciones mensuales podrían llegar a los 45 millones, aunque después negó que esos números fueran exactos. Sin embargo, la cifra total de 277 millones está confirmada por los registros de la Comisión Federal Electoral y la convierte, desde 2010, en la mayor aportación de un individuo fuera de los propios candidatos.

Pero la apuesta no se quedó en la campaña presidencial. Musk lanzó también RBG PAC, un frente que gastó 20,5 millones en anuncios que intentaban ligar a Trump con la postura pro‑aborto de la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg. La jugada provocó la ira de la nieta de Ginsburg, Clara Spera, quien recordó que la jueza había criticado a Trump ya en 2016. El mensaje fue claro: Musk estaba dispuesto a usar su poder económico para moldear la narrativa política.

Repercusiones para Tesla y la esfera pública

Los analistas ven un fenómeno nuevo: la marca personal de Musk se ha fusionado con la marca política de Trump, y ahora los compradores de un Model Y pueden estar enviando un mensaje de apoyo o rechazo a esa alianza. La situación recuerda al escándalo de Bud Light, donde una bebida se convirtió en un símbolo de la polarización política. En este caso, la diferencia es que el producto es un coche eléctrico con cientos de miles de unidades vendidas, lo que convierte a Tesla en un termómetro de la opinión pública.

Además, la designación de Musk como jefe del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) bajo la administración Trump ha desatado dudas éticas. El cargo, considerado de “empleado especial del gobierno”, permite trabajar un máximo de 130 días al año y está sujeto a normas que prohíben cualquier conflicto de interés con intereses financieros propios. Organizaciones como el Campaign Legal Center han solicitado investigaciones para saber si Musk cumplió con los requisitos de divulgación y si el acceso a políticas públicas le dio alguna ventaja a su imperio empresarial.

Las críticas no se hicieron esperar. Grupos de defensa lanzaron campañas pidiendo la renuncia de Musk a DOGE, especialmente ante las propuestas de reforma del Seguro Social que podrían afectar a millones de estadounidenses. Los opositores argumentan que Musk intentaba aplicar la lógica de sus empresas privadas a la gestión pública, poniendo en riesgo datos personales y intentando desmontar programas sociales consolidados.

Otro episodio polémico fue la oferta de un millón de dólares diarios para incentivar la participación de votantes en estados clave. El Departamento de Justicia advirtió que esa práctica podía violar la legislación electoral federal, aunque Musk mantuvo que era un incentivo legítimo para la democracia. La controversia continuó en 2025, cuando su organización Building America’s Future destinó recursos publicitarios a la campaña judicial en Wisconsin, respaldando al republicano Brad Schimel contra la demócrata Susan Crawford. Aunque la candidata ganó, el hecho mostró que la influencia de Musk se extiende más allá de la Presidencia.

Todo este escenario ha creado un nuevo paradigma: la frontera entre los intereses privados y la función pública se ha vuelto difusa. Los consumidores ahora deben decidir si comprar un Tesla es una forma de apoyar la visión de Musk o, por el contrario, un acto de resistencia a su influencia política. Los políticos, por su parte, deben sopesar la posibilidad de recibir fondos masivos de un magnate que también ocupa un puesto gubernamental.

En medio de este torbellino, la pregunta que sobra es si el sistema democrático está preparado para manejar a un donante que combina el poder económico, la capacidad de comunicación global y la posibilidad de influir directamente en la administración pública. El caso de Musk podría ser la señal de que los marcos regulatorios actuales necesitan una revisión profunda para evitar que la riqueza personal se traduzca en poder político desmedido.