Taser en Carabineros: Gobierno chileno aprueba plan piloto enfocado en violencia intrafamiliar

¿Qué aprobó exactamente el Gobierno y por qué ahora?

El Ministerio de Seguridad Pública dio luz verde a Carabineros para comprar y usar pistolas de inmovilización eléctrica —conocidas como Taser— en un plan piloto que parte este año y tendrá su primera prioridad en casos de violencia intrafamiliar. La autorización se firmó el 20 de agosto de 2025, dos días después de la solicitud formal del 18 de agosto, tras una evaluación que comenzó en febrero.

La decisión incluye dos cosas que van de la mano: la adquisición de equipos de última generación (modelo DATE) y un programa de formación específico para su uso. El ministro Luis Cordero fue claro en un punto: estas armas no letales requieren entrenamiento técnico, porque funcionan con dos dardos que se adhieren al cuerpo y su extracción también debe ser segura. Sin ese curso, no se podrán portar ni activar.

El despliegue será gradual. El Gobierno puso el foco inicial en violencia intrafamiliar por una razón práctica: son intervenciones de alto riesgo y, muchas veces, en espacios cerrados donde la distancia es corta y el tiempo de reacción, mínimo. En ese escenario, contar con una herramienta intermedia entre la voz de mando y el arma de fuego puede marcar la diferencia para detener una agresión, separar a las personas y reducir lesiones.

La compra no es menor. Cada unidad costará en torno a 5 millones de pesos, según detalló el Ejecutivo. No se comunicó el número total de equipos del piloto, pero sí que la formación de los funcionarios vendrá antes de la primera salida a la calle con esta tecnología. El plan apunta a operar antes de fin de 2025, y el Ejecutivo aún define otros contextos de uso más allá de la violencia intrafamiliar.

En el entrenamiento se espera incorporar escenarios de desescalada, protocolos médicos tras la descarga, criterios de proporcionalidad, registro de evidencias y redacción de partes. También controles de cadena de custodia del dispositivo, porque cada activación genera datos que deben quedar trazables (hora, duración, funcionario, motivo). La clave, dice el Gobierno, es que la herramienta complemente —y no reemplace— la evaluación táctica.

Desde el nivel regional, el gobernador metropolitano Claudio Orrego saludó la decisión, pero reprochó la demora: a su juicio, la protección de los policías y la reducción de muertes evitables justificaban adelantar la autorización. Recordó que la Región Metropolitana ya lleva un piloto con Gendarmería y ofreció cofinanciar la compra para Carabineros si el Gobierno lo estima necesario.

No todo es entusiasmo. Amnistía Internacional pidió claridad y documentos. Su investigadora Viviana Cáceres expresó inquietud por la falta de certezas en la implementación y por información contradictoria en las últimas semanas. La organización solicitó explicaciones formales en la próxima reunión de la Unidad Consultiva: quieren protocolos públicos, límites de uso precisos y mecanismos de rendición de cuentas que permitan evaluar el piloto sin opacidad.

Preguntas clave, controles y lo que miran otras policías

El debate no es nuevo ni solo chileno. En Europa, cuerpos como la Policía Nacional y la Guardia Civil en España han incorporado tasers de forma acotada, con cursos de certificación y reportes obligatorios tras cada uso. En el Reino Unido su utilización es más extendida, pero con auditorías internas y externas, y con cámaras corporales activadas como regla. En todos los casos, el punto común es el mismo: protocolos estrictos y trazabilidad de cada descarga.

Los organismos internacionales de derechos humanos no discuten que se trate de armas “menos letales”, pero advierten que su uso indebido puede causar daños serios, especialmente en personas con condiciones médicas o bajo sustancias. Por eso insisten en cuatro pilares: formación robusta, evaluación médica posterior, límites claros de cuándo y dónde se puede usar, y transparencia en los datos para evaluar resultados y corregir desvíos.

En Chile, la conversación pasa por bajarlo a la práctica. Hay definiciones que el Ejecutivo todavía debe socializar para despejar dudas dentro y fuera de Carabineros. Estas son las preguntas que ya están sobre la mesa:

• ¿Cuáles serán los criterios operativos para activar la pistola eléctrica? Por ejemplo: riesgo inminente para la víctima, agresor con arma blanca, intento de estrangulamiento o huida en espacio reducido.
• ¿Será obligatorio el uso de cámaras corporales en cada procedimiento donde se porte el dispositivo? El registro audiovisual es clave para auditorías y defensa de víctimas y policías.
• ¿Quién autoriza y supervisa? ¿Habrá revisión inmediata por un superior y reporte automático a una unidad de control interno —y externo— en cada activación?
• ¿Qué pasa después de la descarga? Protocolo de primeros auxilios, evaluación médica y derivación, junto con documentación estandarizada de lesiones.
• ¿Cómo se resguarda la trazabilidad? Bitácora del dispositivo, sellos, mantención, y bloqueo contra manipulaciones o usos no reportados.
• ¿Qué indicadores medirán el éxito del piloto? Número de incidentes, reducciones en uso de armas de fuego, lesiones de víctimas y funcionarios, y tasas de reincidencia.

El Gobierno ya adelantó que el uso no se limitará exclusivamente a violencia intrafamiliar, aunque ese será el primer terreno de prueba. La expansión a otros escenarios —como detenciones de alto riesgo o protección de terceros— dependerá de los resultados y de lo que determinen los protocolos. En paralelo, el Ejecutivo deberá coordinarse con Fiscalía y con el Poder Judicial para estandarizar cómo se integran estos registros a causas penales y medidas cautelares.

Para Carabineros, el piloto llega en un momento de presión por resultados y por estándares. La apuesta busca ampliar la “escalera de fuerza” con una opción intermedia que permita controlar situaciones sin recurrir al arma de fuego. Pero esa promesa solo cuaja si se cuidan tres cosas: reglas sencillas y conocidas por todos, supervisión permanente con datos abiertos, y una capacitación que entrene el criterio, no solo la técnica.

Mientras tanto, los gobiernos regionales miran el calendario y las planillas. A 5 millones por equipo, la escala del piloto dependerá del presupuesto y de la logística de formación. El ofrecimiento de cofinanciamiento desde Santiago pone otra variable sobre la mesa: si se suman recursos regionales, el despliegue podría acelerarse en las zonas con mayor demanda de respuesta ante violencia intrafamiliar.

Queda un último punto que definirá la percepción pública: el relato de los primeros casos. Si los protocolos se cumplen y los resultados se reportan con datos y videos, el piloto ganará respaldo. Si hay opacidad o usos fuera de norma, la discusión volverá al punto cero. Esa será la verdadera prueba del plan.